DOCUMENTOS RETENCIÓN INDEVIDA

Documento de Identidad no puede ser retenido, pues esta practica se podría convertir en Delito en el País.

Leída la ley 962 de 2005, la cual modifico el articulo 18 del decreto 2150 de 1995, se dejo claro qué ninguna autoridad podrá retener la cédula de ciudadanía, la cédula de extranjería o el NIE, el pasaporte, licencia de conducción, la libreta militar o cualquier  otro documento de identidad de una  persona natural, en caso de ser exigido el documento para verificar antecedentes y legalidad de este, el documento  debe ser entregado a su portador y por ningún motivo, el representante de la ley podrá ocultarlos al portador.

Para el ingreso a cualquier dependencia publica o privada, ya sean universidades publicas o privadas, puestos de salud como clínicas y hospitales, también queda prohibida la retención de documentos de identidad por prestamos de artículos dentro de las instalaciones sobre todo en las bibliotecas, centro de juego entre otros,  en caso de presentarse un caso de retención de documentos debe acercarse a una autoridad competente y realizar la respectiva denuncia.

La Procuraduría General de la Nación, en Circular reciente advierte a los comandantes de policía, alcaldes y personeros sobre la prohibición contemplada en esta ley, la cual determina que ninguna autoridad, sin importar el rango militar puede retener los documentos de identidad, propiedad de los colombianos.

La identidad es un valor que por ningún motivo debe abandonar su naturalidad, un ciudadano sin identidad, es un ciudadano desprotegido, así mismo igual manera la procuraduría advierte a los ciudadanos, portar siempre su cédula de ciudadanía o  documento de identidad y presentarlos de manera atenta, como una forma de asegurar que el documento no haya sido falsificado y se encuentre siendo suplantado por delincuentes, esta es una practica segura y por razones obvias hay que proteger la integridad de todos los ciudadanos, esta es la principal función de las autoridades y fuerza publica.

 

 

VULNERACION DERECHOS FUNDAMENTALES

“VULNERACION DE DERECHOS FUNDAMENTALES EN COMUNIDADES AFRODESCENDIENTES”

SENTENCIA T-576/14

Se trata de una decisión que despeja el enmarañado derecho a la consulta previa en comunidades negras y reprende al Gobierno Nacional por sus actuaciones en esta materia. El fallo, en esencia, define que todas las organizaciones negras, afro, palenqueras y raizales tienen derecho a su representación en el órgano donde deben ser consultados todos los proyectos (legislativos o administrativos) que involucren a estas comunidades.

Es la sentencia T- 576 del 4 de octubre de 2014, con ponencia de Luis Ernesto Vargas Silva, que resuelve una acción de tutela instaurada por Moisés Pérez Casseres. La decisión, tomada por la sala novena del Alto Tribunal, protege los derechos a la participación, a la igualdad y a la consulta previa de todas las comunidades negras del país. Los magistrados también dejaron sin efecto un decreto (121) con el que el Ejecutivo determinó en 2012 qué comunidades afros tenían derecho a ser consultadas. Por supuesto revocó todos los actos que el órgano representativo de ese entonces adelantó.

El documento judicial sostiene que el Ministerio del Interior “vulneró los derechos fundamentales” de estas comunidades al expedir la resolución 121 de 2012, “por la cual se convoca a los representantes legales de los Consejos Comunitarios de Comunidades Negras”, ya que en ese momento sólo convocó a los consejos comunitarios con títulos colectivos, dejando por fuera a las comunidades de base, a las organizaciones de afros desplazados y muchas otras formas organizativas.

En esta medida, la máxima autoridad constitucional ordena al Gobierno consultar a las comunidades la manera cómo ellas definan su representación cuando se trate de proyectos de orden legislativo o administrativo que las afecten. Revoca los fallos adversos a la tutela en tribunales departamentales y los actos que la “consultiva de 2012” adelantó. Y finalmente le da luces al movimiento negro que se reunió en el Primer Congreso de Comunidades Negras, realizado en Quibdó en agosto de 2013.

Hace más de un año, cientos de organizaciones de todo el país se reunieron para elaborar un protocolo de consulta previa. El ejercicio produjo un documento y tuvo un costo de $5.000 millones, pero el Gobierno se negó a estudiarlo. Ahora, la Corte lo obliga a difundirlo y a tomarlo como referencia. Le da plazo de un mes para publicitar el protocolo elaborado por las comunidades y su propuesta. Así como también tendrá 30 días para convocar a los representantes de las comunidades interesadas en la consulta previa, para que autónomamente decidan su futuro.

El fallo de alguna manera es un llamado de atención al Gobierno para que tome en serio la consulta previa, la reglamente, dándoles participación a las comunidades, y garantice los derechos de su gente. De lo contrario, vendrán nuevas decisiones que pondrán en peligro los principales proyecto del Ejecutivo, entre ellos el Plan Nacional de Desarrollo.

DECISIÓN.

*Dejar sin efectos, por las razones señaladas en esta providencia, la Resolución 121 de 2012, “Por la cual se convoca a los representantes legales de los Consejos Comunitarios de Comunidades Negras y los representantes de los raizales de San Andrés, Providencia y Santa Catalina a Asambleas Departamentales y se dictan otras disposiciones” y los demás actos administrativos que se profirieron a su amparo, en especial, el Decreto 2163 de 2012, por medio del cual se conforma y se reglamenta la Comisión Consultiva de Alto Nivel de Comunidades Negras, Raizales y Palenqueras y se dictan otras disposiciones.

Ordenar:

Al Ministerio del Interior que, dentro de los treinta (30) días  siguientes a la notificación de esta providencia, divulgue, a través de su página de internet, del sistema de medios públicos nacionales (radio y televisión) y de periódicos de circulación nacional y regional la “Propuesta de Protocolo de consulta previa, libre, informada y vinculante para comunidades negras, afrocolombianas y palenqueras de áreas rurales y urbanas” aprobada en el marco del Primer Congreso Nacional Autónomo del Pueblo Negro, Afrocolombiano, Raizal y Palenquero que se llevó a cabo en la ciudad de Quibdó, Chocó, entre el 23 y el 27 de agosto de 2013.

El ministerio deberá informar que dicha propuesta será el punto de referencia para el trámite del proceso de consulta en el curso del cual se definirán las pautas para la integración del espacio nacional de consulta de las decisiones legislativas y administrativas de carácter general que sean susceptibles de afectar a las comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales.

CONCLUSIONES

Tras verificar que el Ministerio del Interior vulneró los derechos fundamentales a la participación, a la igualdad y a la consulta previa de las comunidades negras que no fueron convocadas a participar en la Integración del Espacio Nacional de Representación de Autoridades y Consejos Comunitarios de Comunidades Negras, Raizal de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, mediante el cual pretendía agotar los procesos de consulta previa de los proyectos de ley y las medidas administrativas de carácter general que pudieran afectarlas, la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional dejó sin efectos la Resolución 121 de 2012, que convocó la conformación de esa instancia de consulta transitoria- y ordenó realizar un proceso de consulta previa para que sean las propias comunidades las que definan quiénes pueden representarlas en dicho escenario.

En síntesis la sentencia lo que hace es amparar con efectos inter comunis los derechos fundamentales de las comunidades que fueron excluidas de ese proceso por el hecho de no contar con un territorio colectivo adjudicado, ordena dirigir esa convocatoria a todas las comunidades afrocolombianas, negras, raizales y palenqueras que se consideren con derecho a participar en dicho espacio, sean rurales o urbanas, y con independencia de la forma organizativa que hayan adoptado.

Abogado. FRANCISNERY RUIZ ACEVEDO

Técnico Profesional en Servicio de Policía

ASAMBLEAS – Reunión por Derecho Propio

POR SER TEMA DE ACTUALIDAD Y CONSULTA PERMANENTE ADJUNTAMOS EL OFICIO DE LA SUPERSOCIEDADES QUE TOCA Y CONCEPTUALIZA SOBRE EL TEMA.

Oficio 220.020467 Del 02 de Abril de 2012

ASUNTO: Reunión por derecho propio.

Nos referiremos al escrito radicado en la Supersociedades con el número 2012-01-06XXX, mediante el cual, luego de exponer algunas situaciones relacionadas con la sociedad XXXXXXX S.A., E.S.P., tal como que algunos accionistas se encuentran en mora del pago de las acciones por éstos suscritas y que ante la omisión de elaborar oportunamente convocatoria para la celebración de la reunión ordinaria del máximo órgano social se ha optado por llevar a cabo reunión por derecho propio a que alude el artículo 422 del Código de Comercio, solicita se “ … aclare y precise el alcance y lo estipulado en el artículo 429 del Código de Comercio, en cuanto a la forma de decidir en las REUNIONES POR DERECHO PROPIO.

Pues entendemos que se decidirá con un número plural de socios cualquiera sea la cantidad de acciones que esté representada.

Para la administración de la empresa XXXXX S.A., E.S.P., esta interpretación es válida, solo para aquellas empresas que negocien acciones en el mercado de valores” .

R/. Sobre el particular, me permito manifestarle que las consultas se resuelven en forma general y abstracta y no se evalúan casos particulares y concretos, en la medida en que se trata de una labor pedagógica y no de resolver situaciones basado en hechos concretos ajenos al conocimiento de la Entidad.

Ahora bien, en el tema de las reuniones por derecho propio es pertinente señalar que el principal presupuesto previsto en el inciso 2º del artículo 422 del Código de Comercio es el incumplimiento del gerente de su obligación de convocar el máximo órgano social, como un instrumento excepcional que sanciona la negligencia de los administradores y le permite a los socios o accionistas adoptar las decisiones que sean necesarias para evitar así una eventual parálisis de los negocios sociales.

Es evidente entonces, al examinar el tema de la reunión por derecho propio, que el legislador pretendió garantizar a los asociados el derecho a reunirse, como mínimo una vez al año cuando no fueren convocados, de forma que no quedaran indefensos, sometidos a la voluntad de un administrador que, deliberada o involuntariamente, no convoca al máximo órgano social para examinar la situación de la empresa, haciendo nugatorios algunos de los derechos que le otorga la ley a quienes ostentan la calidad de socios o accionistas, como bien podrían destacarse el de conocer las cuentas y el balance de fin de ejercicio; enterarse de la gestión de los administradores; efectuar las designaciones que por ley o estatutos les corresponde; repartir los dividendos, etc.

Dicho en otras palabras, es una citación contemplada en la ley, de una parte, para garantizar y asegurar que los asociados puedan reunirse, como mínimo, una vez al año, a efecto de que ejerzan los derechos políticos y económicos que legalmente les corresponde, de otra, como medida correctiva a fin de subsanar la omisión en que incurre el administrador del ente jurídico al no convocar a la reunión ordinaria.

Determinada la procedencia, la finalidad e imperatividad de las reuniones por derecho propio, no hay duda en afirmar que la misma solo procede en la fecha, día, hora y lugar establecidos por el legislador, presupuestos que no admiten modificación alguna, ni siquiera por pacto estatutario, lo que de plano excluye que pueda llevarse a cabo en condiciones diferentes a las señaladas en la ley o en fecha distinta a la contemplada en el ordenamiento positivo.

En relación con la forma de determinar el quórum deliberatorio y decisorio durante las reuniones por derecho propio, dispone el artículo 69 de la Ley 222 de 1995, que modificó el artículo 429 del Código de Comercio que: “ Artículo 429. Si se convoca a la asamblea y esta no se lleva a cabo por falta de quórum, se citará a una nueva reunión que sesionará y decidirá válidamente con un número plural de socios cualquiera sea la cantidad de acciones que esté representada.

La nueva reunión deberá efectuarse no antes de los diez días ni después de los treinta, contados desde la fecha fijada para la primera reunión. Cuando la asamblea se reúna en sesión ordinaria por derecho propio el primer día hábil del mes de abril, también podrá deliberar y decidir válidamente en los términos del inciso anterior… ” . (Subrayado y destacadofuera de texto)

Con ocasión del anterior artículo, el cual resulta de aplicación respecto de la totalidad de sociedades del sector real de la economía, ya sea que estas negocien sus acciones en bolsa, o no, durante las reuniones de derecho propio las decisiones que no requieran mayorías especiales establecidas en la ley o en los mismos estatutos, tal como se expuso anteriormente, pueden ser adoptadas por cualquier número plural de socios, independientemente del número de acciones que éstos representen.

Ahora, sobre el tema de qué tipo de decisiones pueden ser adoptadas durante las reuniones por derecho propio, la doctrina de esta entidad indica que el artículo 427 deja a salvo de la mayoría excepcional que sugiere el artículo 429, aquellos asuntos para los cuales, por disposición legal o por voluntad de los asociados dispuesta en los estatutos sociales, significa que la mayoría especial no puede obviarse en las reuniones por derecho propio, ni en las de segunda convocatoria, como lo confirma otro aparte del oficio SL1035 del 22 de febrero de 1991, expedido por esta entidad, cuando expresamente señala: “ Ahora bien, las decisiones que pueden tomarse con dicha mayoría excepcional son únicamente aquellas que están sujetas a las mayorías generales o comunes, pues las que están sometidas a mayorías especiales, como ya se dijo, siempre deben adoptarse con éstas”

En este orden tenemos que en las reuniones por derecho propio únicamente se reduce el quórum para deliberar, quedando intactas las mayorías legales y estatutarias especiales, las cuales deben observarse para la toma de decisiones correspondientes, tales como reformas estatutarias, transformación, etc,; por lo tanto, únicamente serán susceptibles de adoptarse durante las reuniones de derecho propio las decisiones que no requieran de una mayoría especial, sea ésta legal o estatutaria; por ejemplo, si los estatutos no mencionan algo específico, se podrán remover administradores y designar sus reemplazos, designar revisor fiscal, aprobar estados financieros, etc., ya que este tipo de decisiones, no requiere de una mayoría especial para su adopción.

Para terminar, en lo relacionado con el ejercicio del derecho de inspección respecto de las reuniones por derecho propio, el inciso tercero del aludido artículo 422 categóricamente advierte que “los administradores permitirán el ejercicio del derecho de inspección a los accionistas o a sus representantes durante los quince días anteriores a la reunión”, sin hacer ningún tipo de distinción al respecto, lo que significa que indistintamente aplica para las dos formas de reunión previstas. Y es que si la reunión por derecho propio obedece a una convocatoria legal que para todos los efectos se concreta cuando no se convoca en la oportunidad debida a la reunión ordinaria que por disposición de los estatutos o la ley, debía realizarse dentro de los tres primeros meses del año, caso en el cual la misma ha de efectuarse en la fecha, a la hora y en el lugar previamente señalados, obviamente su objeto no es otro que el de permitir que los asociados se constituyan en asamblea y puedan tratar el temario correspondiente a la reunión ordinaria que no fue citada por los administradores, lo cual supone a la vez que en dicha reunión van a ser considerados los estados financieros del ejercicio anterior y por consiguiente, que para ese fin, la misma ley ha posibilitado el ejercicio del derecho de inspección durante el término legalmente preestablecido.

Por consiguiente, siempre que se verifiquen los supuestos que en virtud del artículo 422 en cita, determinan la realización de la reunión por derecho propio, en concepto de este Despacho es claro que surge para los asociados la posibilidad de ejercer el derecho de inspección que otorga la ley, en las condiciones y por el término al efecto consagrados, es decir durante los quince días hábiles que antecedan al primer día hábil del mes de abril, lo que obviamente comporta para los administradores el deber correlativo de ponerlos a disposición de los socios en ese lapso.

De otra parte, en cuanto a sus inquietudes atinentes a la suspensión de accionistas o al nombramiento de un representante legal de acuerdo con su perfil, me permito señalar que las mismas tienen consideraciones de orden particular y concreto ajenos a cualquier pronunciamiento en sede consultiva, en la medida en que esta se ejerce en un plano general y abstracto, en tanto que su consulta tiene particularidades y hechos que le son ajenos a la Entidad, en las que mal podría expresar su criterio.

En todo caso, las discusiones frente a las decisiones adoptadas en el órgano social pueden ser impugnadas dentro de los dos meses siguientes a su adopción a través de la jurisdicción respectiva. La discusión judicial bien puede abordar el tema de los derechos para votar y decidir, así como del nombramiento sin llenar los requisitos legales.

En los anteriores términos se ha dado respuesta a su consulta, los cuales tienen el alcance a que alude el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo.

FUERO PENAL MILITAR

SOBRE LA REFORMA AL FUERO PENAL MILITAR EN COLOMBIA

Los miembros de la fuerza pública son personas que en la mayoría de los casos, desde adolescentes se deben a la vida castrense, tanto física como mental y espiritualmente, se capacitan día tras día en aras a la defensa de la soberanía, la integridad territorial y la defensa de la Constitución, de quienes por ende, se exige un elevado patriotismo, hasta el punto de renunciar a sus intereses familiares y a los suyos propios.

Adicionalmente tienen condiciones especiales frente a los demás ciudadanos del común, tales como la autorización para portar armas de la República, el no derecho al sufragio, diposicion permanente a favor de la defensa de la soberanía  entre otros.  Por ello, nada más justo que en el momento de incurrir en una conducta punible, éstos tengan la garantía de ser investigado y juzgado por quienes poseen un conocimiento profundo de los derechos y obligaciones que conlleva la vida militar.

Razón por la cual (sentido común)  que la existencia del fuero y de la justicia penal militar es totalmente esencial, puesto que quien mejor que los mismos militares, compañeros de armas, para juzgar las consecuencias de una determinada acción y emitir un fallo justo del cual se desprenda para el miembro de la Fuerza Pública ò infractor la sanción o absolución correspondiente.

Un juez desvinculado de la vida castrense, está muy distante de valorar en su real dimensión la conducta motivo de investigación y juicio,  desconoce la estructura militar y no puede comprender el alcance de algunas virtudes y deberes que traspasan los límites de lo normal, tal es el caso de algunas conductas que para los particulares ni siquiera tendrían trascendencia disciplinaria, pero que en materia militar son connotados como delitos, tales como la deserción, la desobediencia, el abandono del puesto, entre muchas otras que atentan contra la estructura misma de la fuerza pública, de la cual forman parte importante el servicio y la disciplina.

Por todo lo anterior, es importante y necesaria la existencia de una justicia penal militar, y en esta vía, la del fuero penal militar fortalecido, puesto que en algunos casos cuando el miembro de la Fuerza Pública actúa en relación con él en servicio, puede infringir bienes jurídicos que por su naturaleza lo más justo es que sean juzgados en condiciones especiales, no obstante, al ser  una garantía, debe cumplir con dos elementos importantes para poder ser aplicada, estos son: en relación con el servicio (elemento objetivo)  y ser miembro de la fuerza pública en servicio activo (elemento subjetivo).

La exigencia de que la conducta punible esté directamente relacionada con una tarea o misión militar o policiva legítima, es necesaria para preservar la especialidad del derecho penal militar y para limitar el fuero militar. La Justicia penal militar es entonces, una jurisdicción que administra justicia, pero de forma excepcional, por los asuntos de los cuales conoce y por las personas llamadas a juzgar.  Pero hay que dejar claro que dichos jueces, como todos los demás, deben ejercer sus funciones, guiados por los criterios de objetividad, imparcialidad, efectividad y celeridad entre otros.

Abogado. FRANCISNERY RUIZ ACEVEDO Técnico Profesional en Servicio de Policía

LA CONCILIACIÓN EN CORFES

LA CONCILIACIÓN, VALIOSA HERRAMIENTA PARA LA CONVIVENCIA

Los conflictos han aumentado en forma exponencial en los últimos años ya que cada vez son más complejas las relaciones interpersonales. El número de las confrontaciones y la intensidad de las mismas crecen sin cesar. Han surgido nuevas formas de relacionamiento y los pequeños detalles cobran mayor importancia para las partes lo que propicia el aumento en la solicitud de acciones judiciales para resolver los conflictos. Esta opción es un camino  tortuoso que hace que el conflicto tambien se extienda en el tiempo, resulte costoso y en muchas ocasiones se agudice generando vencedores y vencidos, sin la plena satisfacción de ninguna de las partes debido al gran desgaste que trae consigo. En muchos casos esta es la vía para llegar a la solución de una controversia desconociendo la existencia de otros caminos más amigables, eficaces y rápidos, que hacen que el conflicto se resuelva a través del diálogo y el consenso, permitiendo restablecer relaciones para llegar a acuerdos favorables para las partes.

El mundo convulsionado de hoy requiere alternativas para que las personas en sus diferentes formas de relacionamiento sean familiares, empresariales o contractuales construyan un ambiente de coexistencia pacífica en donde las controversías sean resueltas de igual forma. Surge entonces la conciliación como una forma pacífica de gestionar y solucionar conflictos con grandes ventajas. La conciliación se basa en la idea de la cooperación y no del enfrentamiento, pretende que las personas puedan resolver sus diferencias desde el respeto y hace del dialogo la herramienta más valiosa para manifestar los intereses y necesidades. La conciliación genera cultura de paz y de concordía.

El conciliador actúa como facilitador haciendo que fluya entre las partes la comunicación. Es un profesional formado para tal fin con la habilidad para propiciar un adecuado entendimiento entre las partes, creando el clima de confianza necesario para que los interesados se expresen tranquila y libremente sobre sus diferencias, ya que son ellos quienes llevan a cabo la concilición. El conciliador es la persona que ayuda a ir reduciendo las diferencias para llegar a un acuerdo frente al conflicto que origina el enfrentamiento.

Cuatro características fundamentales distinguen la conciliación:

La voluntariedad, que corresponde a la concurrencia de las partes al proceso atendiendo su propio deseo o interés, con la posibilidad de abandonarlo según su propia decisión o de buscar la solución mediante una vía alterna si consideran que ésta no es la adecuada. Debe tenerse presente que algunos procesos exigen la conciliación como requisito de procedibilidad para poder acudir al proceso judicial, caso en el cual se excluye esta característica.

La confidencialidad, según la cual la información obtenida durante la conciliación no puede hacerse pública a través de ningún medio a la contraparte o a un tercero en un proceso judicial posterior. Tal información no puede ser utilizada para otro objeto que no sea afín al proceso conciliatorio. La confidencialidad propicia un ambiente de confianza en el cual las partes pueden hablar libre y tranquilamente para generar opciones de solución.

La imparcialidad del conciliador, quien en ningún momento toma partido o impone sus apreciaciones. Es el instrumento que garantiza la igualdad y el equilibrio entre las partes.

La neutralidad del conciliador, quien actúa como tercero ajeno a las partes, sin  ningún tipo de relación ni antes, ni durante, ni después de la conciliación con ninguna de las partes o sus familiares para evitar un conflicto de intereses. Durante la conciliación debe evitar cualquier situación que afecte su objetividad.

Estos principios hacen de la conciliación un ventajoso medio para la solución de conflictos sobre el tradicional proceso judicial. La conciliación es rápida, ya que son más ágiles los trámites, en comparación con los exigidos en un juicio. Fomenta el protagonismo de las partes, la participación, el diálogo, la colaboración y el respeto mutuo. Los acuerdos a los cuales se llegan son más duraderos, pues las personas se comprometen voluntariamente en una solución, mientras que en un juicio o en una demanda se generan disposiciones de obligatorio cumplimiento. Lo acordado en la conciliación tiene plena validez legal. De no lograrse el acuerdo, se cumple con el requisito de procedibilidad, exigencia legal previa para poder acudir a un juicio. Genera menores costos, puesto que hay menor número de trámites frente a los requeridos en un juicio. No se requiere de un abogado, ni hay que pagar por notificaciones o publicaciones en medios de comunicación. Los acuerdos logrados por las partes se plasman en actas de conciliación, las cuales tienen plena validez legal en nuestra legislación, hacen tránsito a cosa juzgada y prestan mérito ejecutivo, previo registro ante el Centro de Conciliación y Arbitraje.

Según estadísticas realizadas, las personas que han utilizado la conciliación para resolver sus conflictos han mostrado su satisfacción con el proceso ya que se han podido expresar con sinceridad y libertad, han podido ser escuchados en forma respetuosa, su relación con el otro ha mejorado, el desgaste producido por el conflicto ha disminuido notablemente y es posible que hayan aprendido nuevas formas de relacionarse y de resolver sus conflictos. La conciliación es el procedimiento que augura un mejoramiento del sistema judicial y de las condiciones de convivencia para llegar a una cultura de paz.

Contribuir a este loable propósito es la razón que hoy nos anima a crear el Centro de Conciliación y Arbitraje Empresarial y Solidario, CORFES.

LINA MARIA ECHEVERRI DIRECTORA CENTRO DE CONCILIACION Y ARBITRAJE