AISLAMIENTO PREVENTIVO – EL COVID 19 DECRETOS PRESIDENCIALES Contrato de arrendamiento, Realidades y Posibilidades

Aunque en nuestro criterio el decreto 579 se quedo corto, en razón a los contratos de tipo comercial, debemos indicar que el mismo cumple un propósito con el arrendamiento de vivienda, lo que no previo el mismo fue la falta de voluntad en algunos casos de las agencias de arrendamiento y de algunos propietarios que no actúan por interese solidario y eso prevee situaciones que se verán al final de la regulación en problemas advertidos.

Con el decreto de lo que denomino pandemia por parte de la OMS, realizada el 06 de Marzo de 2020, y la aparición del COVID-19 en nuestro país, el gobierno nacional asumió un rol protagónico y basado en la posibilidad que la constitución le da al Presidente de la República, determino que estábamos en un estado de EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL, razón por la cual, se ha visto en la necesidad de expedir una multitud de decretos que sustentan lo que en determinado caso será una debacle económica y social, buscando siempre una prevención, y la anticipación a situaciones no previstas en nuestro territorio, por tal razón, el 15 de abril de 2020 fue expedido el decreto 579 que regula especialmente el manejo de los contratos de arrendamiento celebrados entre particulares.

Así las cosas, debemos aclarar y es menester indicar que el decreto 579 tiene una aplicabilidad únicamente en

a. Contratos de arrendamiento para vivienda.
b. Contratos de arrendamiento para uso comercial cuando el arrendatario sea persona natural, micro, pequeña o mediana empresa y
c. Contratos de arrendamiento en los que el arrendatario sea una persona jurídica sin ánimo de lucro ESAL, (Corporaciones, Fundaciones, Clubes Deportivos, ONG, Cooperativas, Fondos de EE), y demás que integren este sector de la economía

En este orden de ideas, es menester dar una mirada a las medidas tomadas en materia de arrendamiento para enfrentar el COVID-19 asi:

• Suspensión de desalojos:

A partir de la vigencia del decreto 579 y hasta el 30 de junio de 2020, no se podrá ejecutar ni ordenar, por parte de las entidades judiciales y administrativas, ningún desalojo que tenga como fin la restitución de inmuebles ocupados por arrendatarios.

• Acuerdos especiales en razón al canon de arrendamiento

El decreto que nos convoca el 579 de 2020 en su artículo tercero, invita a las partes contractuales para que de forma amigable realicen acuerdos o pacten la forma de pago mas conveniente de los cánones de arrendamiento, que se causen desde de la fecha de expedición del decreto (15 de abril de 2020) hasta el 30 de junio de 2020.

Sin embargo y pese a lo anterior, estableció límites a estos pactos, al mencionar que no será posible incluir en dichos acuerdos intereses de mora, penalidades, indemnizaciones o sanciones provenientes de la ley o que hacían parte del contrato de arrendamiento inicialmente suscrito.

* Que ocurre si no se logran acuerdos o pactos en beneficio de las partes ?

La norma nos indica de manera clara y concreta que por recomendación del gobierno nacional establece que.

• El arrendador no podrá cobrar intereses de mora, ni penalidad o sanción alguna al arrendatario por los cánones comprendidos entre la fecha de expedición del decreto (15 de abril de 2020) y el 30 de junio de 2020.
• El arrendatario deberá pagar intereses corrientes a una tasa equivalente al 50% de la tasa de interés bancario corriente, sobre los montos no pagados en los periodos comprendidos entre fecha de expedición del decreto (15 de abril de 2020) y el 30 de junio de 2020.

Situación esta que podría ser considerada como acertada, pues no genera una cultura irresponsable de no pago, sino que invita a generar un entorno solidario y le brinda al arrendatario la posibilidad de re negociar los términos contractuales, sin tener sanciones o intereses de mora por un término certera mente estipulado (30 de junio de 2020).

El decreto también se ubica los diferentes escenarios en los cuales se pueden encontrar dificultades entre las partes (arrendador y arrendatario):

A. Reajuste del canon de arrendamiento:

Si dentro del periodo comprendido entre fecha de expedición del decreto (15 de abril de 2020) y el 30 de junio de 2020 estuviera previamente pactado el reajuste del canon de arrendamiento, este será aplazado hasta el 30 de junio de 2020.

Esta situación crea varios interrogantes, entre los cuales destacaríamos.

Obligatoria mente debe ser cancelado el reajuste del canon aplazado a partir del mes que se cause?

La respuesta obviamente deberá ser SI, el valor del reajuste del canon que se aplazó entre el 15 de abril y 30 de junio de 2020 deberá ser cancelado por el arrendatario en mensualidades iguales a las faltantes para terminar el periodo contractual, esto lo podrá pactar en forma y tiempo.

B. Prorroga de contratos de arrendamiento

Si dentro del lapso de duración de la declaratoria de la Emergencia Económica, Social y Ambiental o Ecológica, se tiene prevista la terminación del contrato de arrendamiento y la entrega del inmueble al arrendador, estos se entenderán prorrogados de manera automática hasta el 30 de junio de 2020 y es deber del arrendatario continuar cancelando los respectivos cánones.

C. Inicio del contrato de arrendamiento

En el inicio de duración de la declaratoria de la Emergencia Económica, Social y Ambiental o Ecológica estuviese previsto el inicio de un contrato de arrendamiento y/o la entrega del inmueble al arrendatario, estas quedarán suspendidas hasta el 30 de junio de 2020, tiempo en el cual las partes podrán celebrar un nuevo acuerdo.

En caso de que no lo hagan, seguirán siendo regidas por el contrato inicialmente pactado.

Una vez analizado el contexto normativo de los arrendamientos estipulado en el decreto 579 de 2020, debemos indicar que si bien existió una demora injustificada por parte del gobierno nacional en su expedición, y una falta en el alcance del mismo, y el tratamiento a otras vertientes del contrato de arrendamiento, el decreto mismo resulta una posible aplicación organizada del principio de la autonomía de la voluntad como base de las relaciones civiles y comerciales, pues invita de manera clara y motiva a las partes contractuales, esto es arrendador y arrendatario, a resolver las controversias negociables generadas por la aparición del COVID-19 de manera particular y amistosa, sin generar cargas excesivas o desproporcionadas para ninguno, teniendo como base el principio de aplicabilidad de los Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos.

El presente análisis es un compendio estructural de posiciones dadas por Abogados con experiencia.

CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO – REALIDADES FRENTE AL COVID-19

Muchas consultas llegan frente a temas LABORALES, EMPRESARIALES, SOBRE PROHIBICIONES EN LAS PH Y SOBRE ARRENDAMIENTOS, temas que de alguna forma nuestro equipo de trabajo ha venido analizando en esta difícil y compleja situación que todos soportamos de la mejor manera.

Como todos lo analizado lo consideramos importante, trataremos de ir haciendo notas frente a cada tema y creemos que este puede ser en virtud a diversas situaciones que gracias al actuar de algunas agencias, propietarios o simplemente arrendadores, se han vuelto mas complejas.

Es importante tener presente que la emergencia sanitaria decretada por el Presidente el 17 de Marzo de 2020, mediante el decreto 417 y que definitivamente fue originada por el COVID-19 ha venido impactando significativamente la actividad productiva, laboral, empresarial, industrial y comercial, provocando situaciones imprevistas que han generado graves alteraciones en el desarrollo de los negocios y en la ejecución de las relaciones contractuales de empresas, trabajadores y particulares, (entre otros).

Uno de estos impactos tiene relación con la obligación del arrendatario de pagar la renta, en aquellos casos en que no puede hacer uso de la cosa arrendada en los términos convenidos.

y nos vemos abocados por preguntas que los mismos decretos nos permiten hacer, puedo suspender el contrato ?, puedo darlo por terminado ?, se puede dejar de pagar ?, sino tengo ingresos porque las empresas suspendieron pagos que puedo hacer?…y muchas otras, pero todas ellas tienen entre otras respuestas que son necesarias tratar.

Aplicando la teoría de la frustración del contrato, es posible sostener que cuando el propósito práctico perseguido por el arrendatario ha desaparecido completamente, se le debería excusar de su obligación y eventualmente suspender los efectos del contrato. esta podría ser una respuesta.

Así mismo debemos tener presente que como consecuencia de la declaración de emergencia sanitaria declarada por las Autoridades Colombianas relacionadas con la pandemia generada por el COVID19, se han tomado una serie de medidas, que nos han impedido el uso del inmueble arrendado, en las condiciones originalmente pactadas, estas medidas nos han afectado de manera abrupta y sorpresiva, y tal es la magnitud de la situación que no tuvimos otra alternativa que suspender la operación normal del Establecimiento de Comercio ubicado en el inmueble arrendado, situación claramente conocida por usted, pues somos una entidad de educación, podría indicarse también.

Así las cosas, entre otras, podríamos decir claramente que se ha configurado un evento de Fuerza Mayor tal y como lo establece el artículo 1 de la ley 95 de 1890, que subrogó el artículo 64 del Código Civil de la siguiente manera:

“Art 1°. Se llama fuerza mayor ó caso fortuito, el imprevisto á que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los autos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc. “.

En ese orden de ideas, XXXXXXXXX, no está llamada a soportar las consecuencias de esta emergencia sanitaria, según lo establecido en la ley previamente citada, lo que dicta la equidad y lo acordado en el contrato respectivo. si lo queremos tomar de esta manera.

Estas situaciones son dables en el sentido que se han venido recibiendo las quejas o consultas, frente a la negativa por parte de los arrendadores o de las agencias para entender que se debe lograr un acuerdo, que no es el momento para amenazar con procesos (ESTÁN SUSPENDIDOS) y no podrían hacerse hasta después de junio 30, y quien sabe si algún JUEZ de la República, permitirá un desalojo sustentado por el incumplimiento en el pago durante esta Emergencia, en nuestro criterio lo importante es un buen sustento un acuerdo entre las partes y claro disposición por parte de las agencias o de los propietarios de bienes.

En nuestro criterio, las bases para lograr acuerdos están sentadas, solo basta con mirar el sustento del decreto 579 de 15 de abril de 2020, pero sino funciona y se debe proceder en su adecuado momento en términos legales, reiteramos la aplicación de una buena teoría y un buen sustento, para que no se abuse de cobros indebidos y de amenazas faltas de coherencia legal.

EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL – POR COVID-19

Once días después de que se confirmó el primer caso de coronavirus en Colombia, específicamente el 17 de marzo mediante el decreto 417, el Gobierno Nacional invocó el artículo 215 de la Constitución para declarar el estado de emergencia económica, social y ecológica en el territorio nacional, que le permitió sacar decretos con fuerza de ley durante 30 días calendario y que terminaron el pasado 15 de abril.

Esto último, con el fin de conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos. A pesar de que ese tiempo terminó, vale decir que el Ejecutivo podrá declarar dicho estado por lapsos hasta de 30 días, que sumados no podrán superar los 90 días en el año calendario. Así que, de requerirlo, el Gobierno podrá volver a decretar la emergencia descrita y mantener las facultades en mención.

Pero, ¿necesita el Gobierno razones distintas a la primera emergencia económica para decretar una nueva? Según explicó Héctor Riveros, abogado constitucionalista, “el artículo 215 de la Constitución no exige que haya hechos nuevos, solo pone plazos de 30 días para evitar que el Gobierno mantenga innecesariamente una facultad legislativa que ordinariamente le corresponde al Congreso de la República”.

Aunque al cierre de esta edición el Gobierno no había hablado mucho sobre el tema, en una sesión virtual de la plenaria del Senado, Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda, dijo que el Gobierno está estudiando la posibilidad de declarar una segunda emergencia económica. Aunque no detalló cuándo, dijo que sería pronto.

Al indagar con fuentes del Palacio de Nariño, estas confirmaron que este es uno de los temas que se encuentra en discusión.

Con base en lo anterior, Portafolio consultó con expertos para preguntarles cuáles serían esos aspectos que deberían ser abordados en esta nueva emergencia económica, en caso de que se declarara una segunda fase.

de acuerdo con Óscar Iván Zuluaga, exministro de Hacienda, “en una segunda emergencia, la prioridad debería ser subsidiar a las empresas para que preserven empleos formales, empleos plenos que tienen alto impacto en el consumo y en la financiación de la seguridad social (…) ¿Cómo? El Gobierno tendrá que considerar si lo hace directamente a los trabajadores a través de un equivalente al seguro de desempleo o directamente a apoyos de las empresas con la condición de conservar empleos”.

Lo anterior lo sustentó diciendo que el desempeño del mercado laboral en marzo en el que 1,6 millones de personas dejaron de ocuparse, con solo una semana y media de confinamiento, “significa que las cifras de abril van a ser aún peores y esto lleva a que podamos tener un problema estructural en crecimiento económico”, sumado a las implicaciones sociales que esto trae, comentó.

Para Mauricio Santamaría, presidente de Anif, quien coincide con el apoyo a las empresas, explica que esto se podría hacer a través de transferencias o créditos directos para mantener la nómina al menos dos meses. Respecto a esto último, entre los sectores a apoyar destacó al comercio, restaurantes, bares, entretenimiento, turismo, entre otros.

Sin embargo, aseguró que cree que lo más importante si se llega a declarar una nueva emergencia económica es encontrar “financiamiento adicional para incrementar las transferencias de los hogares más vulnerables porque sus pérdidas de ingresos ya van por el orden de $10 billones y el gobierno va a transferir cerca de $2,5 billones, entonces el hueco es todavía grande”.

Por su parte, Luis Carlos Reyes, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, indicó que “una nueva emergencia podría reconocer que el estar otorgando créditos y reducciones de impuestos no es suficiente y que lo que se necesitan son medidas transversales, subsidios a la nómina y una atención muy especial al sector informal que es más difícil de alcanzar a través de los canales establecidos por los pagos de nómina formales”.

Según Carlos Sepúlveda, decano de Economía de la Universidad del Rosario, desde el punto de vista económico, en la medida en la que la etapa de contención de la pandemia se va prolongando es mucho más complejo tener herramientas que sostengan el aparato productivo que tiene el país actualmente.

“Hay un mayor riesgo de deuda, aumento de desempleo y quiebra de empresas, se requieren etapas de atención más fuertes a hogares vulnerables y a firmas no solo pequeñas y medianas que es un segmento vulnerable, sino también a las grandes empresas que se empiezan a afectar con consecuencias profundas para la recuperación posterior”, destacó Sepúlveda.

Por último, algunos de los expertos coincidieron en que no se trata de escoger uno o dos sectores más que puedan irse activando, sino que se deben seguir pensando formas más estructurales de cómo balancear la emergencia de salud con la económica.

¿QUÉ TAN CONVENIENTE PUEDE SER?

Sobre qué tan oportuno sería declarar una segunda emergencia económica, Santamaría, de Anif, expuso que “el Gobierno tendrá que sopesar bien eso porque la emergencia es útil para encontrar fuentes adicionales de financiación para un gasto que cada vez se ve más grande pero, por otro lado, es riesgoso en el sentido de que la probabilidad que la Corte Constitucional la encuentre inconstitucional es más grande”.

Para Héctor Riveros, abogado constitucionalista, hay que hacerse la pregunta de si las medidas que se deben adoptar dan espera a tener trámite en el Congreso, “en mi opinión, no. Estamos en una situación anormal, cuyas consecuencias son aún difíciles de cuantificary por tanto es cálido que el Gobierno la decrete de nuevo”.

TOMADO DE PORTAFOLIO
POR: VALERIE CIFUENTES M. MAYO 03 DE 2020 – 08:00 P.M.

REGLAMENTADO EL TEMA SOBRE LAS ESAL Y SUS COMPROMISOS CON LA DIAN

Como lo estableció la pasada Reforma Tributaria
GOBIERNO NACIONAL REGLAMENTÓ EL
RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL
Bogotá D.C., 27 de diciembre de 2017.

El pasado 20 de diciembre, mediante el Decreto 2150, el Gobierno Nacional expidió el reglamento de las Entidades pertenecientes al Régimen Tributario Especial, de acuerdo a las modificaciones que para las mismas fueron aprobadas en la pasada Reforma Tributaria Estructural (Ley 1819 de 2016).

El Decreto expedido consagra, entre otros temas, el manejo impositivo de las donaciones, los requisitos que deben cumplir los contribuyentes para pertenecer al Régimen Tributario Especial, con lo que se reitera la función social que deben cumplir, así como el tratamiento tributario de los ingresos, egresos y el patrimonio de las Entidades Sin Ánimo de Lucro y las entidades del sector cooperativo.

En cuanto a las donaciones a las ESAL que realicen los ciudadanos, este decreto consagra los requisitos y condiciones para acceder al beneficio tributario, aplicable a partir del 1 de enero de 2017, siempre y cuando se hagan a este tipo de contribuyentes y a las entidades no contribuyentes de que tratan los artículos 22 y 23 del Estatuto Tributario.

Reglamenta también los procesos de calificación, permanencia y actualización que deben realizar estos contribuyentes a través de la página web de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN http://www.dian.gov.co, para pertenecer o calificarse dentro del Régimen Tributario Especial, y además para obtener el beneficio fiscal en materia del Impuesto sobre la renta y complementario.

Este registro web, que debe cumplir con unos términos y condiciones allí descritas, permitirá a la vez la recepción y el tratamiento de comentarios por parte de la sociedad civil, sobre estos procesos.

El procedimiento de exclusión del régimen y sus efectos en el Impuesto Sobre la Renta y Complementario, así como la exención del beneficio neto o excedente y su distribución, también hacen parte de este reglamento.

Para las entidades del sector cooperativo, el decreto precisa que, si bien estas son del Régimen Tributario Especial, la ley les fijó obligaciones relacionadas con el registro web, la aplicación de las causales de exclusión y de las reglas en  Contacto: Asistencia al Cliente 546 2200 – 6059830 / Líneas Nacional de información con costo 019005550993 y  019001115462 249 xx materia de abuso. Así mismo, se reglamenta el procedimiento para la aplicación del beneficio neto o excedente de estas entidades.

También establece que las ESAL creadas entre el primero (1) de enero y el 31 de diciembre de 2017, pertenecerán al régimen para el año gravable 2017, debiendo actualizar el RUT con la responsabilidad Régimen Tributario Especial del Impuesto Sobre la Renta y Complementario “04”, a más tardar el 31 de enero de 2018. Y para continuar en el régimen en el año gravable 2018, deberán presentar y radicar la información necesaria a través del aplicativo disponible en la página web de la DIAN, a más tardar el 30 de abril de 2018.

Las entidades que no figuren en la base de datos que tiene publicada la DIAN, y a 31 de diciembre de 2016 estaban definidas en el Régimen Tributario Especial, deberán solicitar la actualización del Registro Único Tributario -RUT de forma presencial, para incorporar la responsabilidad “04” Impuesto Sobre la Renta y Complementario del Régimen Tributario Especial, antes del 30 de abril del 2018.

Quienes aparezcan, deberán actualizar el RUT indicando la responsabilidad que le corresponda, según su naturaleza jurídica.

CONTRIBUIR ES CONSTRUIR

Por ser un tema muy consultado y de especial interes trascribimos lo remitido desde la DIAN…

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LOS COEFICIENTES DE COPROPIEDAD

Por ser una consulta permanente en razón a como encontrar el coeficiente de copropiedad, primero se deben dar algunas claridades frente al tema y en especial estos conceptos los cuales dan pie para el adecuado entendimiento y comprencion:

Área Privada Libre – Área Privada Construida.

Como Área Privada Construida definimos la extensión de la superficie cubierta de cada bien privado, se excluyen los bienes comunes localizados dentro de los linderos; siempre conforme a las normas legales.

Como Área Privada Libre; Denominamos la extencion de superficie privada descubierta o medio cubierta, excluimos claro esta los bienes comunes localizados dentro de los linderos, siempre conforme a norma Vigente.

Para determinar dichas situaciones, es necesario saber que, lo dispuesto en la norma los coeficientes de copropiedad se calculan con base en el área privada construida de cada bien de dominio particular, con respecto del área total privada del edificio o conjunto.

En razón al Área Privada Libre esta se determina expresamente en el reglamento de propiedad horizontal, teniendo una proporción al área privada construida, indicando factores de ponderación que fueron usados.

Para tener el calculo de coeficientes de parqueaderos y cuartos útiles se pueden ponderar factores de área privada y destinación.

Para los casos de conjuntos de uso mixto o comerciales, los coeficientes de copropiedad se calculan teniendo presente un valor inicial que represente una ponderación clara y objetiva entre el área privada y la destinación y característica de los mismos.

Los reglamentos de copropiedad PH, deberán expresar de forma clara y precisa los criterios de ponderación para la determinación de los coeficientes de propiedad. – el referido valor inicial no es necesario que coincida con el valor comercial de los bienes de dominio particular, pero es claro que para que un criterio de ponderación sea razonable y real deberán tenerse presente Información Estadística, Criterios Jurídicos, Jurisprudenciales, Criterios técnicos financieros, contables, económicos y Sociales.

Matemáticamente la formula usada para hallar el coeficiente de copropiedad es:

 (Área Privada / Área Total Construida) x 100 = %

Gracias  la Dra Martha Elena Ramirez, quien nos brinda luces con textos académicos que nos permiten tener apoyo en el diario aprender en el que estamos quienes asesoramos este tipo de organizaciones, si requiere mayor profundidad en este u otro tema referente a Copropiedad o cualquiera de índole legal, no dude en contactarnos : 3661074 – 3116950

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FACULTADES Y FUNCIONES DE LA ASAMBLEA DE COPROPIETARIOS.

La Asamblea de Copropietarios como máximo órgano de la copropiedad tiene a su haber dos SITUACIONES UNA QUE FACULTA Y OTRA QUE LE DA FUNCIÓN,  ambas sen encuentran dentro de un marco Jurídico definido claramente;  como FACULTAD LEGAL PRINCIPAL encontramos que es orientar los destinos de la comunidad a través de la toma de decisiones con los quorums reglamentarios exigidos según sean los asuntos en cuestión los cuales deben dejarse plasmados y documentados en Actas.

Como FUNCIONES LEGALES están, las contempladas dentro del Articulo 38 Numerales del 1 al 11 y las del Articulo 46 numerales del 1 al 10, de la ley 675 de 2001

En cuanto a las FUNCIONES ESTATUTARIAS como lo determina el numeral 12 del mismo articulo 38, las que determine el reglamento de la copropiedad fijado mediante la participación de los copropietarios a través del manual de convivencia ya que la ley prevé mecanismos de autoregulacion.

Como máximo órgano de la copropiedad, puede determinar reglas especiales para organizar a la comunidad y propender por el mejoramiento de ella, siempre enmarcando sus actuaciones en la ley marco y en la constitución.

Es claro que la Asamblea debe reunirse dentro de los tres meses del año, o por derecho propio  de conformidad como lo indique el régimen de propiedad horizontal, y siempre ajustado esto a la ley.

Por lo cual es muy importante prever a través de la reglamentación de sus actividades, los mecanismos claros aplicables definiendo paso a paso todos los procedimientos para poderlos hacer exigibles a todos.

Hoy cuando estamos ad portas del inicio de las asambleas de Copropietarios, esta claro que siempre se presentaran dudas, razón por la cual nuestra entidad CORFES LEGAL CONSULTNG BUFETE, esta a su completa disposición  para suplir sus necesidades, puede contactarnos en el 3116950 – 3661074, estamos para servirle.

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HABLEMOS DE PROPIEDAD HORIZONTAL

Debido a las constantes inquietudes y consultas sobre el tema de la PH, trataremos de contar algunas experiencias frente a un tema que hemos venido padeciendo desde el campo profesional, esperando que le sea útil a cualquier persona que haciendo parte de una PH, tenga alguna Inquietud.

Debo iniciar esta reconociendo que he leído varios autores y en sus textos encuentro algunas dinámicas observando que algunos son administradores y se han hecho a pulso y hasta conocen la norma sin ser abogados, pero esta claro que al no ser abogados podrían carecer de las herramientas que proporciona el derecho, desde el punto de vista de la Jurisprudencia, de la doctrina como tal,  y otros son abogados, pero nunca han administrado y claro no tienen la visión de lo que es una copropiedad o una Propiedad Horizontal, y por ende desconocen que hacen parte de las ESAL y que son personas jurídicas con un régimen especial, y por lo tanto deben ser tratados como especiales.

Hace unos años escribí que el crecimiento desmedido de copropiedades en las ciudades, haría necesariamente que se cambiara la forma de pensar de los ciudadanos, pero como ? si el vivir en comunidad es mas difícil que vivir en familia, y hoy ratifico lo escrito, nunca nos prepararon para compartir con otras personas ajenas a nuestra familia, y por eso un simple saludo en el ascensor se nos hace tan difícil, claro debe ser por que los tiempos cambian, disculpa de cajón.

Después de esta Breve Justificación, mediante varios escritos que iremos publicando trataremos brindar de alguna forma claridad frente a temas tales como el Alcance Legal en razón a derechos y obligaciones, responsabilidades y el entender que se es una entidad especial, que tiene todos sus fundamentos en un escrito gigante que se denomina RÉGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL, y que hace parte de la escritura publica de venta, pero que en su gran mayoría las personas no leen, como es nuestra naturaleza o nuestra cultura.

HABLEMOS DE ESE TEMA RÉGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL, REGLAMENTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL O LO QUE COMÚNMENTE LLAMA LA GENTE, LOS ESTATUTOS DE LA UNIDAD.

Este Reglamento es el Estatuto o el resumen de normas que contiene cada COPROPIEDAD, en este se regulan los derechos y obligaciones específicos que todos los copropietarios deben cumplir ya sea en un edificio, conjunto, parcelación o condominio que se someta a este régimen. (denominado régimen de propiedad horizontal), es muy normal que el contenido del régimen en todas las copropiedades se convierta en una simple transcripción de las normas que están contenidas en la ley 675 de 2001, dejando de lado algunas normas que complementan o adicionan esta norma.

Ante esta practica común se han visto perjudicadas diferentes Edificios, Conjuntos o Condominios, en razón a que los regímenes se hacen para un edificio y estamos habitando es un conjunto o viceversa y estas situaciones no son observadas sino cuando tenemos alguna dificultad de índole económica o de responsabilidad con un copropietario y es donde gracias a Dios, nos llega trabajo a nosotros.

El Aprender a revisar los textos aunque quita su tiempo, es mas sencillo de lo que parece cuando sabemos realmente que tipo de copropiedad es en la que estamos, con ello podemos identificar las diferente situaciones y podemos proceder a brindar una adecuada respuesta desde el conocimiento particular y no desde el conocimiento general de la norma, error muy común que se comete por el creernos que nos las sabemos todas.

Trataremos de dar respuestas a preguntas tales como QUE TIPO DE PROPIEDADES HORIZONTALES EXISTEN? QUE ES UNA PROPIEDAD HORIZONTAL? ENTRE OTRAS, en nuestra próxima salida al aire.

JUAN CARLOS TORO P.  Abogado Consultor

 

RÉGIMEN MUNICIPAL

En relación con los entes Municipales, nos hacen varias consultas, las cuales trataremos de responder en estas lineas, con las cuales trataremos una a una las consultas que nos llegan..

QUE ES UN MUNICIPIO: Entidad Territorial Fundamental de la División Político Administrativo del Estado, Constitucionalmente su misión es la de gestionar el BIENESTAR general y el Mejoramiento de la Calidad de Vida de los miembros de sus respectivos territorios.

RÉGIMEN MUNICIPAL: Por el Orden Constitucional el régimen Municipal es el que rige a los Municipios en el país, orientando sus funciones y delimitando la autonomía en el actuar de la gestión  Política, Administrativa y Fiscal.

FUNCIONES LEGALES EL MUNICIPIO:

Entre Otras:

  1. Administración de Asuntos Municipales
  2. Prestar servicios Públicos determinados; Acueducto, Alcantarillado, Alumbrado Publico, Aseo y Saneamiento Básico, Salud, y los demás que determine el Concejo del Municipio.
  3. Promover el desarrollo propio de su territorio y procurar por desarrollar obras que demande progreso para el Municipio.
  4. Elaborar los PISC (Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana), concordado con las Autoridades locales de Policía.
  5. Elaborar los planes de desarrollo para el Municipio, el cual deberá ser complementario con los planes de desarrollo Departamental y Nacional.

QUE CATEGORÍAS DE MUNICIPIOS EXISTEN:

ESPECIAL – Cuentan con una población superior o Igual a QUINIENTOS MIL UN HABITANTES. – Mantienen Unos Ingresos superiores a los 400.000 SMLMV y su importancia económica es de Grado 1.

PRIMERA CATEGORÍA – Cuentan con una Población entre Cien Mil un y Quinientos Mil Habitantes – Mantienen unos Ingresos superiores a los 100.000 y hasta 399.999 SMLMV y su grado es 2.

SEGUNDA CATEGORÍA – Cuentan con una Población entre Cincuenta mil un y Cien mil Habitantes – Mantienen unos Ingresos superiores a los 50.000 y 99.999 SMLMV. y su grado es 3.

TERCERA CATEGORÍA – Cuentan con una Población entre Treinta mil un y Cincuenta mil Habitantes – Mantienen unos Ingresos superiores a los 30.000 y 50.000 SMLMV. y su grado es 4.

CUARTA CATEGORÍA -Cuentan con una Población entre veinte mil un y Treinta mil Habitantes – Mantienen unos Ingresos superiores a los 25.000 y 30.000 SMLMV. y su grado es 5.

QUINTA CATEGORÍA -Cuentan con una Población entre Diez mil un y  Veinte mil Habitantes – Mantienen unos Ingresos superiores a los 15.000 y 25.000 SMLMV. y su grado es 6.

SEXTA CATEGORÍA -Cuentan con una Población igual o inferior a Diez Mil Habitantes – Mantienen unos Ingresos superiores a los 15.000 SMLMV. y su grado es 7.

EL ALCALDE: Empleado Publico elegido por voto popular por mayoría simple para periodos de 4 años, es la primera autoridad del Municipio. Es el Representante Legal de la Entidad Territorial, es el Jefe de la Administración Local.

CUALES SON LOS REQUISITOS PARA SER ALCALDE:  Ser Ciudadano Colombiano, Haber nacido o ser Residente en el respectivo Municipio durante el año inmediatamente anterior a la inscripción, o haber vivido por 3 años consecutivos en cualquier época.

Hablaremos en la próxima Nota de Funciones de los Alcaldes, y de un poco de los concejos Municipales

 

 

RNBD Un Éxito Nuestro Seminario Taller sobre Registro Nacional de Bases de Datos

 

Como lo expusimos el 13 de Junio de 2017, se ampliaría el plazo, y fue así, la SIC, en consideración a que únicamente se han registrado un 20% del total de las empresas en el país, amplia el plazo hasta el 31 de Enero de 2018, pero esto no significa que se deben esperar para hacerlo en dicha fecha, el proceso ya inicio y debemos continuar con el mismo, evitando sanciones que como vimos son altas.